Marzo 15, 2022.  Redacción Radio Televisión Martí.

El gobierno de España ha ofrecido detalles sobre una venta de armas y material antidisturbios a Cuba, que se concretó poco antes del inédito estallido popular el 11 de julio, violentamente reprimido por los militares cubanos. La información aparece como respuesta al partido de derecha Vox, que indagó sobre las exportaciones de armas en el primer semestre de 2021 y cuáles fueron los motivos por los que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó la exportación de material antidisturbios por valor de 350.000 euros y de otros 746.478 euros en materia de defensa.

El cuestionamiento afirma que “Cuba se ha convertido en el segundo país del mundo al que el Ejecutivo ha exportado más material antidisturbios durante el primer semestre de 2021″ y dice que la policía de Cuba es el “destinatario final” del armamento. En el material entregado se incluyen fusiles, revólveres, pistolas, ametralladoras, silenciadores, cargadores, visores ópticas y municiones, asegura un despacho de Europa Press, que pudo consultar por escrito la respuesta del gobierno encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Por más de seis décadas la población cubana ha tenido prohibida la posesión de armas de fuego y las mismas están en cuarteles y unidades militares, bajo estricto control de la contrainteligencia militar.

El Ejecutivo español dijo que las autoridades españolas de control analizaron estas operaciones “de forma minuciosa y caso a caso, aplicando rigurosamente las prohibiciones y parámetros contenidos en el Tratado sobre el Comercio de Armas” y que respetaron ocho criterios de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre, y el Documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras de 24 de octubre de 2000.

“Resulta paradójico que el Ejecutivo español autorice estas exportaciones a un país que ofrece un modelo a regímenes como el de Nicaragua y Venezuela, y que son utilizados para reprimir a su propia población”, añade, citando un informe del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Un informe de Human Rights Watch sobre las manifestaciones ocurridas en Cuba durante el verano indica que el régimen comunista cubano “llevó a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021”.

El informe denuncia patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba que “sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta”.

“Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años”, dijo HRW.

La organización determinó que los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “Seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas”.

Hasta el momento, la única víctima mortal de la represión policial ha sido Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, residente en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, quien murió el 12 de julio, luego que el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, le disparara por la espalda argumentando que actuó “en legítima defensa”.

Desde 1959, el entonces gobernante cubano Fidel Castro a su llegada a La Habana lanzó la consigna ¿Armas para qué?, con el objetivo de confiscar el armamento de otros grupos revolucionarios, activos en ese entonces.

A inicios de la década del 70, los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio de Interior que poseían armas de reglamento dejaron de portarlas diariamente.​