Febrero 22, 2023.  Tal y como se había adelantado en los primeros días del año, el Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos han hecho pública una propuesta de norma migratoria que negaría la posibilidad de pedir el asilo a los inmigrantes que llegan a la frontera.

Los funcionarios de la administración han aclarado, sin embargo, que no es una prohibición categórica del asilo, sino que se trata de “una presunción refutable de inelegibilidad”, que puede revertirse si demuestran una emergencia médica grave, una amenaza extrema e inminente a su vida o seguridad (violación, secuestro, tortura o asesinato) o fueron víctimas de tráfico humano.

La medida tiene excepciones específicas para los que ya tienen una autorización para viajar a EEUU conforme a un proceso de parole aprobado por DHS; los que usan la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada, o presentarse en un puerto de entrada sin usar la aplicación CBP One y establecer que no le fue posible acceder o usar la aplicación debido a una barrera del idioma, analfabetismo, falla técnica significativa u otro obstáculo; o probar que se les negó asilo en un tercer país en ruta a EEUU.

El comunicado oficial asegura que el propósito es “incentivar el uso de procesos legales nuevos y existentes”, como el parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos y la petición de citas de asilo a través de la aplicación CBP One. La medida en cuestión contempla la expulsión inmediata en virtud de las autoridades del Título 8, lo que conlleva una prohibición de reingreso de cinco años. La nueva norma, en periodo de revisión hasta el 27 de marzo, busca “desalentar los cruces fronterizos peligrosos, poniendo una nueva condición a la elegibilidad de asilo para aquellos que no lo hagan”.
De acuerdo con la información, emitida el martes en la página oficial del DHS, Estados Unidos enfrenta “el mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial” y responsabiliza al Congreso estadounidense de oponer resistencia a la actualización de “un sistema de inmigración muy roto y anticuado”.
Por el momento, apunta el DHS, mientras se realizan los preparativos para desactivar el Título 42, puesto en vigor durante el mandato del ex presidente Donald Trump, dicho Título mantendrá su vigencia a la vez que se reinstaura el “procesamiento de todos los ciudadanos bajo las autoridad del Título 8”, con lo cual, el DHS enfatiza, “las personas que intenten entrar en Estados Unidos sin autorización serán expulsadas”.
Al respecto, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, declaró que están reforzando la disponibilidad de vías legales y ordenadas para los inmigrantes: “Como hemos visto una y otra vez, los individuos a los que se les proporciona un camino seguro, ordenado y legal hacia los Estados Unidos son menos propensos a arriesgar sus vidas atravesando miles de kilómetros en manos de contrabandistas despiadados, sólo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentar las consecuencias legales de la entrada ilegal”.

Por su parte, el Fiscal General Merrick B. Garland advirtió que “el Departamento de Justicia es responsable de administrar los tribunales de inmigración del país y de garantizar que las solicitudes se resuelvan de forma rápida, justa y conforme al debido proceso.
La nueva medida “establecerá normas temporales relativas a la elegibilidad de asilo en esos procedimientos cuando se levante la orden del Título 42. Esperamos con interés la revisión de los comentarios del público sobre esta norma propuesta”, advirtió Garland, en referencia a la posibilidad que tiene el público de enviar comentarios sobre la propuesta una vez se publique en el Registro Federal.