marzo 11, 2025.  Redacción Martí Noticias

En la foto Marlon Brando Díaz, encarcelado por su participación en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, saluda a sus familiares tras salir de prisión, en el barrio Güinera de La Habana, el 16 de enero de 2025.

Organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación por la falta de transparencia y otras irregularidades del proceso, en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes, y solo alrededor de 200 presos políticos resultaron excarcelados.

El gobierno cubano dio por terminadas oficialmente las excarcelaciones iniciadas en enero pasado de 553 personas tras negociaciones con la Iglesia Católica, un proceso en el que la mayoría de los beneficiados fueron reos comunes.

La organización defensora de derechos humanos, Justicia 11J, expresó su preocupación este lunes, tras las declaraciones de la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, en la televisión estatal sobre la finalización del proceso.

Según Sosa Ravelo, en enero fueron aprobadas 378 solicitudes de excarcelación anticipada, y otras 175 en febrero. La identidad de los beneficiados y otros datos sobre las excarcelaciones no fueron reveladas por las autoridades.

Justicia 11J, que trabajó desde el principio en la verificación del proceso, dijo que hasta la fecha ha podido verificar la identidad de 193 personas excarceladas, y de otras 9 que ya cumplían su sanción en régimen de excarcelación, lo que suma un total de 202 personas privadas de libertad por motivos políticos beneficiadas.

La organización señaló que, sin embargo, ha recibido numerosas denuncias que indican que una parte significativa de las personas excarceladas son reclusos comunes.

“A pesar de no contar con datos oficiales que permitan conocer la proporción exacta, los testimonios recibidos sugieren que el número de presos comunes liberados es mayor”.
En sus declaraciones durante la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión, Sosa Ravelo admitió que las personas excarceladas siguen sometidas a condiciones impuestas por las autoridades, algunas inaceptables para los presos políticos, como la obligación de mantener un comportamiento social acorde con las normas socialistas.

Esto implica el riesgo de ser nuevamente encarcelados, si el régimen así lo decide, subrayó Justicia 11J.

La organización exigió “transparencia y rendición de cuentas sobre este proceso”, e instó a los actores internacionales y a los organismos de derechos humanos “a actuar con urgencia, y a exigir al Estado cubano el listado oficial de personas beneficiadas, con información clara sobre los criterios de selección y el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional”.

Prisoners Defenders, por su parte, informó que solo ha podido verificar la excarcelación de 229 presos políticos, y que una decena de ellos ya contaban con una licencia extrapenal que resultó extendida como parte de este proceso.

“Ninguno de los 229 ha sido liberado, sino que son excarcelados bajo un régimen carcelario-domiciliar verdaderamente draconiano, cuyas limitaciones de libertad y abusos siguen siendo propios de un régimen que no respeta ningún derecho humano”, comentó a los medios Javier Larrondo, presidente de la organización.

Larrondo calificó las excarcelaciones de “intento de fraude” del régimen cubano, y celebró el hecho de que “la sociedad civil junto con los afectados, incluso bajo una enorme persecución en Cuba”, hayan podido desenmascararlo.

La liberación de presos políticos es usada por estas dictaduras para obtener beneficios para su sostenimiento en el tiempo. Es la primera vez que el régimen fracasa en un intento de engañar a la comunidad internacional.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el proceso de excarcelaciones había sido injusto e incompleto.

“El anuncio gubernamental de la finalización del proceso por el Jubileo 2025, llega sin una lista oficial y deja en las cárceles cubanas al menos a 760 presos políticos, algunos en malas condiciones de salud. También ha demostrado ensañamiento con los presos y familiares que han denunciado las injusticias que sufren y las pésimas condiciones del sistema penitenciario”, señaló el OCDH.

La organización coincidió con Prisoners Defenders en que el régimen cubano buscó engañar a la comunidad internacional con este proceso.
“Ha priorizado la salida de presos por causas comunes, mientras aún permanecen centenares de prisioneros políticos, sobre todo detenidos durante las protestas masivas de 2021 y 2022. La Iglesia católica cubana, en diversas ocasiones, ha exigido la liberación de los presos por ejercer sus derechos; igualmente el Papa Francisco, por medio de su enviado a Cuba en febrero de 2023, cardenal Beniamino Stella”, subrayó el OCDH.

Amnistía Internacional también ha criticado la forma en la que las autoridades cubanas condujeron las excarcelaciones.

“El proceso ha estado lleno de irregularidades y falta de transparencia estatal. Las autoridades cubanas no han hecho un reconocimiento de la existencia de personas detenidas por razones políticas, no se ha publicado un listado de nombres de quienes se incluirán en este proceso y no han tenido la voluntad de garantizar una libertad inmediata e incondicional de presos de conciencia”, dijo en febrero pasado Ana Piquer, directora para las Américas de esa organización.

La mayor parte de las personas excarceladas por motivos políticos cumplía sentencias por su participación en las protestas del 11 de julio, pero solo unos pocos de alto perfil resultaron beneficiados con la medida, como el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y el fundador del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, Félix Navarro.

Otros como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo “El Osorbo”, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca o Saylí Navarro, declarados prisioneros de con conciencia por Amnistía Internacional, continúan en la cárcel.