Enero 28, 2022. Radio y TV Martí. Yolanda Huerga

El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil independiente.

“Yo creo que este es un movimiento del régimen que, sin duda, se circunscribe en la búsqueda de nuevos mecanismos para justificar la represión de quienes llevan rato reprimiendo a través de otros delitos o, sencillamente, de linchamientos en los medios de propaganda, donde, desde hace muchísimo tiempo, se cataloga como mercenario a cualquiera que disienta de la política oficial”, indicó el abogado Eloy Viera Cañive desde Canadá. “Lo que hace es contribuir a la ampliación del inventario de herramientas con las que cuenta el régimen para practicar la represión por motivos políticos y además se encadena con otros intentos regionales, como pudieran haber sido el de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que también han tratado de tener leyes de este tipo que criminalicen los financiamientos como principal objetivo para desarticular la sociedad civil crítica a los gobiernos de turno”, explicó.

Se trata del Artículo 143 que no está contemplado en el código vigente y que fue incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado” del anteproyecto de la normativa que dio a conocer en su web el Tribunal Supremo Popular: “Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.

“La introducción de esta nueva figura saca la discusión del ‘mercenario’ del conflicto bilateral entre Cuba y Estados Unidos, que es la base de la única norma que hasta la fecha había establecido sanciones para este tipo de conducta, o sea me refiero al financiamiento: la Ley 88. Esta nueva formulación establece que no sólo son sancionables los financiamientos provenientes de fondos públicos norteamericanos, sino cualquier financiamiento público o privado nacional o extranjero, o sea, es sancionable casi cualquier cosa”, explicó Viera Cañive.