El Nacional de Venezuela. Por  Antonio de la Cruz.  abril 26, 2023

La visita que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Washington tenía el objetivo de lograr un compromiso de la Casa Blanca de flexibilizar las sanciones económicas impuestas —primero por la administración Trump en 2019 y luego ratificadas por Biden— sobre Pdvsa, Minerven y el Banco Central de Venezuela.

La lógica de las sanciones —herramientas diplomáticas y económicas— en ese momento fue para restaurar la democracia en Venezuela y el resguardo de sus activos en el exterior.

En el caso del BCV, las sanciones son para evitar que sea usado como herramienta por el ilegítimo régimen de Maduro, y siga saqueando los activos de Venezuela y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a personas corruptas vinculadas a ellos. En el de Minerven, para aislar el círculo interno del corrupto régimen, y perseguir a aquellos involucrados con el comercio ilícito de oro que contribuye a la crisis financiera, humanitaria y ambiental. Y con relación a Pdvsa, para evitar el desvío de sus activos por parte de Nicolás Maduro y compañía, a fin de preservarlos para el pueblo venezolano.

Cuatro años después, Venezuela es la peor dictadura y la más corrupta del Hemisferio Occidental, según los índices de democracia y de la corrupción 2022. Es decir, que a pesar de las sanciones la cúpula que controla el poder desde Miraflores no ha dado muestras de ningún cambio. Al contrario, ha afianzado un modelo autoritario en el que se violan sin remordimiento todas las libertades garantizadas en la carta magna.

Durante este tiempo, la resiliencia mostrada por el heredero de Chávez a las sanciones ha sido producto del apoyo de países como Turquía, Rusia, China, Irán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos.

Entonces, la propuesta de Petro de “más democracia, cero sanciones” está en sintonía con esta línea de acción del levantamiento de las sanciones. Porque “más” significa que hay democracia en Venezuela, contrario a los resultados publicados por la Unidad de Inteligencia de The Economist, que clasifican a la nación como un régimen autoritario. El análisis lo ubica en el puesto 147 de 167 países.

Por lo tanto, el exguerrillero del M-19 busca flexibilizar las sanciones estadounidenses de segundo nivel sobre el gobierno usurpador de Maduro. Para ello realiza la Cumbre sobre Venezuela en Bogotá, en la que participaron: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Italia, Noruega, Alemania, Turquía, Chile, México, Argentina, Brasil, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Honduras y Suráfrica. En su gran mayoría, estos países han estado en contra de aplicar las sanciones económicas al régimen madurista. Plantean su flexibilización para que de alguna forma pueda llegar ayuda humanitaria al pueblo venezolano.

La narrativa de Petro y sus aliados es que las sanciones son las causantes de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Y no el gran saqueo a las arcas que hubiese permitido reconstruir cuatro veces el país —cuatro planes Marshall—. Ni tampoco los crímenes de lesa humanidad —Corte Penal Internacional y Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela— que han oprimido a una nación hasta el punto de que 7 millones de venezolanos decidieron huir del país, sin importar los riesgos.

La administración estadounidense envió una delegación de alto nivel —asesores del presidente Biden—, integrada por Chris Dodd, asesor especial del gobierno de Estados Unidos para las Américas; Jon Finer, principal asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y Juan González, asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Es decir, que lo dicho por Petro en la instalación de la Cumbre de que “la sociedad venezolana no quiere ser sancionada” iba dirigido a la Casa Blanca.

La licencia que otorgó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la empresa petrolera Chevron para que produzca y exporte el crudo venezolano no generó la confianza suficiente como para que Maduro mostrara su compromiso con la restitución de la democracia en la nación, empezando con la liberación de los presos políticos civiles y militares.

El énfasis se ha puesto en la hoja de ruta electoral para la presidencial en 2024 porque supone la solución a la crisis política al otorgar legitimidad de origen al nuevo gobierno.

Este lunes en el programa Con Maduro +, Maduro y compañía elevaron el pliego petitorio para regresar a la mesa de negociación de México. Solicitaron: la suspensión de la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad; el levantamiento de todas las sanciones desde el año 2015; la entrega del dinero bloqueado en bancos internacionales; la autorización sobre el oro monetario en el Banco de Inglaterra; la transferencia de los activos de Citgo; y la liberación del empresario colombiano Álex Saab.

Por ahora, Petro realizó una Conferencia sobre Venezuela en Bogotá para presionar a la administración Biden en cuanto a la flexibilización de las sanciones económicas sobre el régimen de Maduro, porque son los que las impusieron y están presentes. Es decir, están bajo su control. Pero la propuesta de “más democracia” depende de Maduro y no fue invitado, intencionalmente. Nadie puede asumir esa responsabilidad porque ninguno de los que asistieron puede comprometerse a lograrlo.

En consecuencia, lo único que se discutió fue el “riel de las sanciones”.

Por lo tanto, Petro montó una encerrona a la Casa Blanca para aliviar las sanciones a Maduro.

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