Por  GDA | El Tiempo | Colombia agosto 5, 2023

Foto: AFP/Federico Parra

Entrada la noche del viernes, la justicia venezolana ordenó la intervención de la Cruz Roja nacional y designó una directiva que se encargará del proceso de reestructuración, situación que preocupa tanto en forma y fondo, pues es muy parecido a lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua con este organismo.

Ya las amenazas estaban en la mesa. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, había señalado reiteradamente en su programa de televisión que el presidente de la institución humanitaria, Mario Villarroel, estaba acusado de abusos y malos tratos para con sus empleados, además de llevar más de 20 años en el cargo.

“Acoso a trabajadores y voluntarios del programa. El señor Villarroel desató una persecución a través de su amiga Esther Pernía para acosar a todos los trabajadores de Distrito Capital y voluntarios. Eso no me lo dijeron los trabajadores, yo lo sé porque en la calle la gente me lo dice. Han utilizado a la Cruz Roja para conspirar contra la revolución bolivariana”, afirmó.

Ante esto, el fiscal general Tarek William Saab anunció el inicio de una investigación por “acoso y maltrato” y este viernes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció: «Se ordena una reestructuración amplia y diversa en la Cruz Roja venezolana con la participación de los sectores de la sociedad venezolana».

Al respecto, Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, le dijo a El Tiempo que “existen elementos en la decisión que generan una grave preocupación. La decisión se fundamenta en presunciones basadas en denuncias y testimonios de personas no identificadas en la demanda, lo que hace que los hechos que se escriben sean también presuntos. Llama la atención que se destaque como vicios de la gestión del presidente de la Cruz Roja el querer ser presidente de manera indefinida y ser reelecto”.

Para Daniels, es peligroso este precedente que -de inmediato- hace recordar a lo que pasó en mayo en Nicaragua, cuando el régimen de Daniel Ortega, a través de decreto parlamentario, disolvió el organismo y ordenó el manejo de sus bienes.

En el caso venezolano, la junta directiva encargada estará presidida por el empresario Ricardo Cussano, expresidente de Fedecámaras, la mayor patronal del país y quien ha sido acusado de tener vinculaciones con el oficialismo.

Una fuente cercana a los hechos narró a este diario que “los malos tratos de Villarroel” –que al parecer sí existieron- son solo una excusa del gobierno para poder tomar el control del organismo y de la ayuda humanitaria que ingresa a través de este.

De acuerdo con la sentencia, se establece la «constitución de una junta reestructuradora ad hoc presidida» por Cusanno, quien deberá «coordinar», en los próximos siete días hábiles, la «designación de los miembros que integrarán» esta junta, así como «colaborar» con la Fiscalía en la «investigación y consecución del proceso penal que adelante contra el comité directivo nacional (…) saliente».

Asimismo, se encargará de «garantizar la continuidad en el servicio que presta la Cruz Roja Venezolana, el respeto a los trabajadores, las trabajadoras, los voluntarios y las voluntarias de la institución, y el cumplimiento de sus objetivos, fines y principios».

Daniels recuerda que para entender el impacto de esta decisión es importante saber que el movimiento humanitario se inició con la creación en 1863 del Comité Internacional de la Cruz y que en 1895 se fundó en Venezuela como organismo independiente, de “modo que la intervención afecta exclusivamente a la sociedad nacional y no al resto del movimiento de la Cruz Roja”.

“El hecho de que directivos de la Cruz Roja hayan presuntamente cometido delitos, que de probarse esperemos sean juzgados por ellos, no justifica una medida tan invasiva y peligrosa para un derecho humano esencial como lo es la libertad de asociación”, sentenció Daniels, asegurando que lo correcto es la nueva convocatoria de elecciones para la junta directiva.

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