martinoticias.com febrero 05, 2024. Por Mayle González Mirabal y Tomás Cardoso

En la foto el preso político del 11J, Marco Antonio Alfonso Breto, deportado a Cuba

El pasado viernes, las autoridades de Bahamas deportaron a Cuba a Marco Antonio Alfonso Breto Su madre llevaba meses suplicando para que eso no ocurriera.

María Isabel Breto logró visitarlo este lunes en la prisión de Villa Marista, en La Habana. “Pude entrar a verlo con su hermanita. Me pidió que le buscara un buen abogado para que defienda su caso. Ahora lo están investigando por haberse dado a la fuga, pero después lo van a llevar para el Combinado del Este”, comentó la mujer a Martí Noticias.

“No se sabe qué va a pasar hasta que no acabe el proceso”, aseguró.

Hace apenas unos días, Breto explicó a nuestra redacción los peligros que corría su hijo de ser deportado. “Es un prófugo de la justicia del 11J. Si lo regresan, lo que va a caerle arriba es mucho”.

Alfonso Breto tenía 19 años cuando salió a protestar en La Güinera, uno de los barrios más pobres de La Habana, durante las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021. Lo arrestaron y la fiscalía le hizo una petición de 15 años de prisión. Unos meses después un tribunal lo condenó a nueve años de privación de libertad por el delito de sedición.

En mayo de 2022, la pena le fue rebajada a cinco años de trabajo correccional con internamiento luego de que le otorgaran un recurso de casación por el que el Tribunal Supremo redujo las condenas de varios de los manifestantes. En su primer pase, en noviembre de ese año, el joven se fugó y estuvo varios meses escondido hasta que se lanzó al mar con el objetivo de llegar a EE UU y solicitar asilo político.

La embarcación fue interceptada y trasladada a Bahamas, pero cuando Marco Antonio supo que sería deportado a Cuba se escapó del centro de detención para migrantes en el que se encontraba y estuvo durante un mes durmiendo en las calles de Nassau. Lo capturaron y lo condenaron a ocho meses de prisión.

Su familia comenzó a pedir apoyo en las redes sociales y varios cubanos se unieron para ayudarlo a obtener asesoría legal. A inicios de la semana pasada salió de la cárcel y fue nuevamente enviado a un centro de detención para migrantes en Bahamas. Pese a que su abogado estaba solicitando asilo político, se cumplió lo que su madre más temía: lo regresaron a La Habana casi de forma inmediata.

La periodista Mónica Baró, quien ha estado en contacto con la familia, confirmó este fin de semana la noticia de la deportación. “De la recaudación de fondos realizada para los trámites legales de Marco en Las Bahamas queda una parte que será enviada a su madre en Cuba. Lamentablemente, el joven de 22 años, también epiléptico, no recibió el amparo internacional que solicitó”, dijo.

Según los datos más recientes publicados por la ONG Prisoners Defenders, en Cuba hay actualmente más de mil personas encarceladas por motivos políticos, la mayoría de ellos por participar en las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en la isla.

A inicios de enero más de treinta familiares de los presos políticos entregaron en la sede del parlamento, en La Habana, una carta dirigida a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular Ana María Mari Machado, en la que solicitan que se inicien los procedimientos para la redacción y debate de una ley que “reconozca que no había delito en manifestar la voluntad de cambio democrático” en las manifestaciones.

“Los familiares de los presos políticos, y la ciudadanía cubana que acompaña esta solicitud, sufre persecución y acoso por parte de la seguridad del Estado, la policía y órganos de inteligencia, como castigo por abogar por la liberación de nuestras familias. Se nos impide el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento”, recoge el documento.

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