martinoticias.com junio 21, 2024.  Mario J. Pentón

En una decisión que ha generado controversia, la jueza federal Beth Bloom resolvió este viernes que Víctor Manuel Rocha, el exembajador estadounidense condenado por actuar como agente encubierto de Cuba, no está obligado a pagar restitución a posibles víctimas de su traición.

Bloom concluyó que el único perjudicado por las actividades de Rocha es el gobierno de EE.UU.

La audiencia, celebrada en el Tribunal de Distrito en Miami, fue convocada para decidir si Rocha -sentenciado en abril a 15 años de prisión y multado con $500,000- debía compensar a las personas afectadas por su espionaje. Sin embargo, apenas iniciada la sesión, Bloom se alineó con la postura de la fiscalía, que argumentó que no había otras víctimas a quienes resarcir.

Según los fiscales, Rocha, quien había trabajado como agente no registrado para el gobierno cubano desde la década de 1980, no transfirió secretos de seguridad nacional a sus contactos en la isla. Su culpabilidad se centraba en la falta de notificación a las autoridades estadounidenses sobre su rol encubierto, y no se presentó evidencia de que algún individuo hubiera sido directamente perjudicado por sus acciones.

Jonathan Stratton y John Shipley, los fiscales del caso, resaltaron que Rocha, de 73 años, colaboraba con las autoridades estadounidenses en la evaluación de los daños derivados de su labor clandestina. “No existen otras víctimas con derecho a restitución”, declararon en documentos judiciales.

En un intento de demostrar el daño causado, Francisco Pastor Chaviano González, un disidente cubano y ahora ciudadano estadounidense, presentó una carta alegando perjuicios, pero los agentes del FBI no encontraron pruebas concluyentes que vincularan a Rocha con la transferencia de información sensible que hubiera afectado directamente a Chaviano.

La fiscalía sugirió que cualquier persona que se considere afectada por los actos de Rocha puede buscar compensación mediante acciones legales en tribunales estatales o federales.

En línea con esto, la viuda del líder opositor Oswaldo Payá presentó una demanda civil en Miami en febrero, acusando a Rocha de seguir colaborando encubiertamente con Cuba en el momento de la muerte de Payá en 2012.

El arresto de Rocha en diciembre de 2022 fue el resultado de una operación encubierta del FBI en la que confesó haber servido a la inteligencia cubana durante cuatro décadas. Este exdiplomático, que llegó a ser embajador en Bolivia en 2000 y más tarde se desempeñó como consultor, fue grabado admitiendo su colaboración con Cuba en 2023.

El manejo del caso por parte del Departamento de Justicia ha sido objeto de críticas, particularmente por su negativa a solicitar restitución. El Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, D.C., expresó su preocupación por el acuerdo de culpabilidad, calificando la colaboración de Rocha como altamente perjudicial para el pueblo cubano.

Emilio T. González, exdirector de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., criticó en la plataforma “X” la actuación de los fiscales, sugiriendo que Rocha debería ser desnaturalizado y deportado a Colombia.

Durante la audiencia de sentencia en abril, la jueza Bloom describió a Rocha como “un enemigo del gobierno de los Estados Unidos”, criticando el acuerdo de culpabilidad que no incluía la confiscación de propiedades ni la restitución. Rocha, además de disculparse, fue privado de su pensión federal.

Bloom ordenó una futura audiencia para revisar la posible revocación de la ciudadanía estadounidense de Rocha, una medida que podría llevar a su deportación tras cumplir su condena.

Rocha se declaró culpable de conspirar para defraudar al gobierno y actuar como agente extranjero ilegal, como parte de un acuerdo con la fiscalía.

El Fiscal General Merrick Garland destacó que la infiltración de Rocha representó una de las más prolongadas y significativas por parte de un agente extranjero en la historia del gobierno de EE.UU.

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